/Fuente: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires /

Se dispuso una suba arancelaria del 5% para abril y del 10% para mayo. FABA solicitó el pase a la “extra cápita” de un número mayor de prácticas toda vez que se supere la tasa de uso acordada. Se esperan definiciones sobre el nuevo modelo prestacional.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados dispuso incrementar los aranceles de todos sus prestadores con un 5% desde abril y un 10% a partir del primero de mayo.

Como el Instituto había aumentado los aranceles profesionales en un 30% en enero y un 20% en febrero, el acumulado para los primeros cinco meses del corriente año se ubica en el 65%.

En materia arancelaria, Federación Bioquímica junto a CUBRA está negociando con las autoridades del Instituto la mejora que habrá de decidirse para junio, haciendo hincapié en que se espera que la obra social, como siempre lo ha hecho, acompañe a sus prestadores en los aumentos salariales que deben abonarse tras la nueva ronda paritaria que se realizó con el gremio de Sanidad (ver pág 2).

Por otra parte, la representación bioquímica solicitó a la conducción de la obra social de los jubilados, que se amplíe el listado de determinaciones de laboratorio que se abonan mediante la denominada “extra cápita” o tasa de incentivo, siempre que se supere la tasa de uso determinada contractualmente, lo que, como se sabe, ocurre mes tras mes, y de forma creciente, desde, al menos, el primer semestre del año pasado.

Este reclamo bioquímico se da en el marco de la situación planteada ya en 2023 cuando la anterior administración del PAMI pasó a la gran mayoría de sus prestadores, salvo los profesionales del laboratorio, al sistema de pago por prestación, dejando de lado el modelo capitado.

Ante nuestra insistencia y en virtud de que la tasa de uso venía incrementándose notablemente, se decidió en ese momento implementar un sistema que aplica una “tasa de incentivo”, siempre que se supere la cantidad de prestaciones fijadas en el convenio contractual y que representa, en promedio, un 24% de la cápita total.

Al asumir las nuevas autoridades del Instituto se les planteó la misma problemática por lo que solicitaron una propuesta concreta de nuestra parte, la que se elevó rápidamente y que consiste en volver al llamado Modelo de Retribución Continua aplicado por el PAMI en la década de 2005 a 2015.

Como ya se ha explicado, ese modelo básicamente consiste en pasar numerosas prácticas de la cápita al pago por prestación, pero manteniendo al mismo tiempo el sistema de la tasa de incentivo.

Las autoridades del PAMI aceptaron nuestra propuesta pero todavía no han determinado la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema prestacional, cuestión que nos urge a los bioquímicos ya que hay muchos laboratorios que se encuentran en precarias situaciones económicas para el mantenimiento habitual de su funcionamiento.

Se revisaría el PMO

En otro orden, el gobierno nacional por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuyo titular es el ex directivo de OSDE Gabriel Oriolo, ha manifestado extraoficialmente a distintos dirigentes sindicales, su intención de revisar el Programa Médico Obligatorio (PMO), según dieron cuenta a fines de mayo distintas versiones periodísticas.

Esa “revisión”, de acuerdo a fuentes gubernamentales, se llevaría a cabo con “la participación de todos los actores involucrados”, pero los sindicalistas dicen tener la certeza de que se trata de una “maniobra” para “seguir ajustando” los aportes del gobierno a las obras sociales.

En este punto se debe recordar que a fines de abril el gobierno nacional promulgó un decreto recortando fuertemente el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que reciben hasta el momento 306 obras sociales.

En mayo, desde el gobierno, se deslizaron cifras para justificar ese recorte realizado, señalándose que “una obra social de 4.400 afiliados recibía 22.000 pesos de subsidio por persona, lo que significa unas 30 veces más que una de más de 100.000 afiliados, por lo que pasará de recibir 98 millones de pesos a 3,7 millones”.

No obstante, según las mismas versiones periodísticas no desmentidas ni por la CGT ni desde el gobierno, los dirigentes gremiales tras el paro del 13 de mayo “lograron que se empiece a discutir el reparto del Presupuesto, en especial con el dinero del Fondo Solidario de Redistribución, con la esperanza de que el Poder Ejecutivo no deje caer a las obras sociales más pequeñas”, aunque en la Casa Rosada “ponen la lupa sobre el manejo discrecional de muchas de ellas y anticipan que están investigando si existen irregularidades en la rendición de cuentas del sistema de reintegros”.

La misma versión dio cuenta de que “se empezaron a tejer relaciones entre integrantes de La Libertad Avanza y dirigentes cegetistas para analizar un presupuesto determinado que está dirigido a solventar las alicaídas obras sociales, el que compone el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). El objetivo de este fondo es reintegrar dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reintegros (el SUR). No obstante, la mayor parte del presupuesto, dicen desde los gremios, se lo lleva todo lo relacionado a la atención de sus afiliados discapacitados”.