En la semana que pasó concluyó una primera etapa de la Paritaria General del Estado (Ley 10.430), luego de varias reuniones y sucesivos cuartos intermedios. La propuesta final del Gobierno tuvo el rechazo unánime de todos los gremios por insuficiente. CICOP se pronunció, además, en contra del otorgamiento de sumas fijas, que agudiza el achatamiento de la pirámide y no se corresponden con la equidad que debe tener toda política salarial que apunte a recomponer el poder adquisitivo perdido.

Finalmente, la decisión fue otorgar unilateralmente un incremento (“Suma fija a cuenta 2020”) a todxs lxs trabajadorxs estatales – incluyendo a lxs profesionales de la Salud pese a tener la paritaria de la ley 10471 en curso -, de modalidad remunerativa no bonificable mensual: $ 3000, a percibir con el sueldo del mes de  febrero y $ 1000 más – sumando $ 4000 -, a percibir con el sueldo del mes de marzo. Su carácter de remunerativa la hace extensiva también al sector de jubiladxs, mientras el componente bonificable implica que no será considerada para los cálculos que emanan del salario básico, como jefaturas, desfavorabilidad y bonificaciones de planta y guardia. La paritaria general del Estado quedó abierta, con el compromiso de nuevo llamado próximamente.

No ignoramos la compleja situación provincial, porque la venimos denunciando desde hace muchos años y, particularmente, durante la gestión anterior. Sin embargo, la decisión del gobierno de pagar con recursos propios 250 millones de dólares de deuda externa hace pocos días y proponiendo luego un incremento salarial claramente insuficiente para el conjunto de lxs trabajadorxs estatales da cuenta de que la teoría de “frazada corta” se aplicó, una vez más, en desmedro del sector de asalariadxs del cual formamos parte.

Esta situación de la provincia de Buenos Aires se enmarca en el proceso de negociaciones febriles que, a nivel nacional, se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional, cuyos funcionarios han declarado que la deuda argentina “no es sostenible”, como si estuvieran exentos de responsabilidad al respecto. Todos los esfuerzos se encaminan a reestructurar, estirar plazos y reprogramar, dejando de lado no sólo la posibilidad de no pagar, sino también la de investigar cómo se adquirió la deuda y cómo se fugaron los fondos para beneficio de los amigos del poder y los sectores concentrados de la economía.

Mientras tanto, lo que se hace insostenible es la deuda interna con las políticas públicas (salud, educación, desarrollo social, justicia) y con quienes las llevamos adelante a diario intentando garantizar, con salarios depreciados y recursos escasos, los derechos de la población a mejores condiciones de vida. En nuestro criterio, allí es donde debieran estar las prioridades más inmediatas.

 

Sin convocatoria a la paritaria de lxs profesionales de la Salud

El jueves 20 se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa Técnica de Violencia, donde volvimos a reclamar, entre otras cosas, el funcionamiento adecuado del protocolo de prevención y la necesidad de asignar recursos para ponerlo en marcha.  Está pautada la Mesa correspondiente a Relaciones Laborales para el miércoles 26, en la que llevaremos la situación de los numerosos expedientes que continúan sin resolución después de varios años y que fueron devueltos a los hospitales, vulnerando los derechos de lxs profesionales becarixs, así como lxs de quienes concursaron para ingresar a la Carrera o desempeñar funciones.

Valoramos la puesta en marcha de las Mesas, pero ninguno de los temas abordados en esas instancias tendrá visos de resolución si no se convoca a la paritaria sectorial y se abordan las problemáticas en su integralidad, encabezadas por lo salarial. Mientras tanto, la situación crítica en hospitales y centros de salud no hace más que profundizarse. La falta de insumos, medicación, aparatología adecuada y los problemas de infraestructura, sumados a la escasez de personal, comprometen el funcionamiento de los servicios en la mayoría de los efectores. Así lo describen claramente los informes que elaboraron algunas seccionales para esta Circular.

El Consejo Directivo Provincial que se reunió el viernes 21, debatió estas cuestiones, poniendo un fuerte eje en la necesidad de urgente abordaje de salarios y condiciones de trabajo. Ambas temáticas requieren tratamiento en la paritaria específica de la ley 10471. Luego de una primera reunión llevada adelante el 11 de febrero, sin propuesta salarial, no tuvimos otra convocatoria, a pesar de que la misma fue reclamada públicamente en cada reunión de la paritaria general del Estado y también en conversaciones informales con lxs funcionarixs.

Los salarios de lxs profesionales de la Salud quedaron 35 puntos por debajo de la inflación entre 2018 y 2019, arrastrando además un nivel de desjerarquización que desalienta el trabajo en el sector público o empuja al pluriempleo, siempre en desmedro de la propia salud y de la calidad del servicio que se brinda. Recomposición salarial y cláusula de actualización automática por inflación son reclamos que deben ser atendidos en forma perentoria.

Ante este panorama, se tomó la decisión de convocar al Congreso Provincial de Delegadxs para el sábado 29 de febrero, impulsando la realización de asambleas en todas las seccionales donde se discuta, se pongan en común los reclamos y  se elaboren mandatos con propuestas para traer a nuestro máximo órgano de conducción.

Como organización gremial, una vez más, nos disponemos a dar todas las luchas necesarias en defensa de los derechos de lxs trabajadorxs y de la Salud Pública, de la manera en que lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia y ante los diferentes gobiernos, convencidxs de que ese es el camino que debemos transitar.

 

CICOP y las Direcciones Hospitalarias

Hemos observado que el cambio de gobierno ha traído aparejado, como habitualmente, el cambio de funcionarixs en varios de los estamentos dependientes del Ministerio de Salud provincial. En esta oportunidad, algunxs compañerxs de las seccionales de CICOP e, incluso, del Consejo Directivo Provincial, han sido convocadxs para cumplir funciones en diversos puestos ministeriales. Ante esta cuestión, y respetando las decisiones personales de cada unx de lxs profesionales en estas situaciones, CICOP reafirma su independencia de los gobiernos y de los partidos políticos que los conforman, expresando su más absoluto compromiso por la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs de la Salud y del Derecho a la Salud de la población.

La autonomía está contemplada taxativamente en nuestro estatuto sindical. La norma establece la incompatibilidad, por conflicto de intereses, de quienes ocupen cargos gremiales con el ejercicio de direcciones de establecimientos y puestos ejecutivos en los gobiernos, debiendo renunciar lxs profesionales al cargo sindical al asumir la función en los ámbitos gubernamentales.

De acuerdo a las situaciones concretas en cada lugar, muchas veces se han desarrollado procesos electivos de lxs trabajadorxs en diversos establecimientos. Como lo hemos planteado históricamente, creemos que el acceso a las direcciones hospitalarias debiera darse a través de concursos que valoren democráticamente las trayectorias, los saberes, las capacidades y los consensos de quienes se postulen. Para ello, reiteramos nuestra propuesta de que se modifique el artículo 8 de nuestra Ley, promoviendo que accedan a los puestos de conducción quienes estén en mejores condiciones para tal responsabilidad, evitando la injerencia de las autoridades municipales en esas decisiones y que lugares tan sensibles no queden a expensas de poderes que privilegian sus intereses particulares, muchas veces en desmedro de las necesidades generales.