Sector Público

Consejo Consultivo en Salud Mental y Adicciones: “Las políticas públicas como garantía del cumplimiento pleno de derechos en salud mental”

/Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones/


El día 1 de octubre representantes del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones han participado en el Primer Congreso Virtual de Psiquiatría y Salud Pública organizado por APSA con la presentación en la mesa “Las políticas públicas como garantía del cumplimiento pleno de derechos en Salud Mental”.

Las exposiciones estuvieron a cargo de autoridades del CCH y un representante de cada comisión con los ejes prioritarios que hacen al funcionamiento del Consejo.

La Presidenta Marcela Bottinelli realizó la presentación e historización de este órgano creado en el marco de la Ley 26657, dependiente de CONISMA y la dinámica a través de la cual se trabajó en forma continuada- aún en gestiones que intentaron desconocerlo- sosteniendo la representación obtenida por concurso acorde a la Ley 26657 a través de sectores académicos, organizaciones profesionales, organizaciones de usuaries y familiares, asociaciones científicas y sindicatos. Esto permitió ubicar los problemas actuales en el campo de la Salud Mental, los obstáculos y los avances sostenidos, el impacto de la Pandemia y la creación de estrategias innovadoras para responder a las actuales condiciones, sin abandonar el horizonte del cierre de los manicomios en 2020 a través de lógicas sustitutivas que se habían planteado y propuesto especialmente a través del Plan Nacional de Salud Mental.

Por la Comisión de Derechos Humanosexpuso Carlos Herbón quien enmarca que si la definición de Derechos Humanos hace alusión a la dignidad humana como inherente a su condición, como el bien máximo a garantizar tanto en su reconocimiento, en su ejercicio pleno, y a reparar en caso de su vulneración, con protección jurídica, entonces estamos en condiciones de afirmar rotundamente que la Ley Nacional de Salud Mental es el instrumento por excelencia para la garantía de dicho bien en todo ese vasto territorio que denominamos como el sistema de salud mental y adicciones. Y en tanto que todos los tratados internacionales, declaraciones y acuerdos surgidos del sistema internacional de derechos humanos desde el año 1994 se han incorporado como parte integrante de la letra misma de la constitución, de cumplimiento efectivo en todo el ámbito del territorio nacional y sus jurisdicciones. Aplica al campo específico de la salud mental y adicciones porque es en ese mismo campo donde identificó que la condición de vulnerabilidad padecida por quienes se encuentran en los variados episodios que pueden describirse como padecimiento mental han sido objeto del ejercicio abusivo del poder del estado, sus agencias tanto públicas como privadas, y los representantes de los distintos saberes que tienen a su cargo el tratamiento y alivio de dichos padecimientos.

Ordena y pretende una relación de respeto, y reconocimiento mutuo de todas las disciplinas y ciencias que intervienen en este campo, incluido el saber de los usuarios, escrito en sus propios cuerpos, en el padecimiento de su psiquismo, poniéndole el limite necesario a cualquiera de ellos de erigirse como el saber máximo alrededor del cual deben ordenarse todos los otros y los hace responsables científica y éticamente por sus propuestas e intervenciones, recordando que situaciones excepcionales como la Pandemia no nos exime de esta responsabilidad aunque sea el Estado el garante de ese bien común que es la salud. Por último, destacó las dificultades en el cumplimiento del art. 4 de la Ley 26657 que ubica las adicciones en el campo de la salud, quizás una deuda mayor en el cumplimiento de la misma.

Carmen Cáceres realiza la presentación de la Comisión Dispositivos en el camino de la Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Nombre que indica un campo de trabajo y un horizonte que es el de la construcción de ese Sistema de Salud/Salud Mental que responda al espíritu de la Ley sancionada hace 10 años y que ha tenido tantas demoras y obstáculos para su cumplimiento- Si bien la mayoría de las temáticas que atañen al CCH tiene un carácter transversal, en la comisión se sostiene un acuerdo básico en relación a los dispositivos dirigiendo la atención a aquellos destinados a sustituir un modelo hospitalocéntrico asilar, por un modelo de base comunitaria con enfoque en los DDHH. Algunos son dispositivos existentes acordes a la ley aún, cuando en muchos casos no se encuentren articulados en un sistema de salud/salud Mental. También a dispositivos en situación de construcción contando con distintos niveles de respaldo de cada gestión de gobierno. Y es tema de la comisión, la apertura a pensar dispositivos aún no existentes, que encuentren nuevas posibilidades de articulación entre los recursos existentes, los saberes tanto disciplinarios como los que provienen de otras fuentes, y los apoyos intersectoriales e interjurisdiccionales que necesiten para su realización. También es parte fundamental de la tarea la detección de situaciones en que algún dispositivo de los necesarios para la implementación de la Ley, se ve amenazado en su continuidad realizando las gestiones pertinentes en respaldo a su sostenimiento, así como se articula con Órgano de Revisión Nacional en caso de violación de derechos. La intención de la Comisión se dirige a que los dispositivos que existen y se vayan creando sean parte de redes de apoyo y cuidados que atiendan a las necesidades singulares presentes en la población. En relación a los dispositivos existentes, acordes con la Ley, creemos necesario que las autoridades, los conozcan a fondo y particularmente para que las disposiciones políticas avancen respetando aquello que está creado y merece su apoyo. Porque cerrar definitivamente los manicomios será consecuente a que existan aquellos dispositivos destinados a sustituirlo en el cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país.

Gustavo Finvarb por la Comisión Intersecciones en Salud Mental plantea sus fundamentos para dar cuenta de cómo la interseccionalidad permite identificar al menos cuatro claves, que son: (1) examinar críticamente las categorías analíticas con las que interrogamos los problemas sociales; (2) las relaciones mutuas que se producen entre las categorías sociales; (3) la invisibilidad de algunas realidades, que se vuelven “inconcebibles”; y también, (4) la posición situada de quien interroga y construye la realidad que analiza. Se pone así en tensión y se realizan aportes en campos problemáticos que por su complejidad ameritan esta metodología y permite ubicar la dinámica de construcción social en salud mental y tal como la ley lo define y visibiliza los efectos de las desigualdades. En infancias y adolescencia: recorrido por patologización y medicalización de las infancias, abuso y maltrato infantil, ESI, trabajo infantil, seguimiento procesos de internación por salud mental en niñes y adolescentes, soberanía alimentaria. La misma problematización se lleva al campo de los adultos mayores, la geriatrización como modo de la desinstitucionalización, veteranos de Malvinas, violencias de género, Población LGTBIQ+, etnias, discapacidad psicosocial. Esta problematización conduce a ampliar los lazos interministeriales o intersectoriales como Instituto Nacional de la Mujer, Discapacidad, INAES, etc. Una labor importante ha sido impulsar la NO promulgación de leyes por patologías en consonancia del trabajo con ámbitos legislativos que el CCH viene planteando con énfasis desde el año 2015.

Melina Gonzales Barragán por La Comisión de Trabajo, Trabajadores y Formación resalta el reconocimiento de les trabajadores como actor necesario en los procesos de discusión, planificación y ejecución de políticas para la plena implementación de la LNSM, debiendo especialmente en momentos de Pandemia reinventarse para conciliar los espacios de encuentro con las nuevas modalidades de trabajo. Se han realizado aportes a las recomendaciones formuladas por el Ministerio de Salud de Nación en lo que respecta a protocolos y dispositivos para servicios y hospitales de salud mental, aportando a su concordancia con la Ley Nacional 26.657 y con el mismo objeto trabajamos declaraciones, pedidos de informes y de acciones concretas; solicitamos la incorporación de actores institucionales con poca participación o ausencia en los comité de crisis garantizando interdisciplina e intersectorialidad con el mismo espíritu con que ha sido pensada CONISMA. Otro eje importante es la formación como propuesta que excede las capacitaciones puntuales, la necesidad de profundizar las adecuaciones de las Universidades y capacitación continua a trabajadores en el camino de reformular el Plan Nacional de Salud Mental y análisis de los planes de readecuación de monovalentes. Actualmente se trabaja en un documento sobre cómo repercuten las condiciones laborales en la salud mental de les trabajadores. Se trata de asumir el enorme desafío de reformular lógicas y procesos de trabajo, de organización, de representación y de formación. Hay que pensar lo impensado y construir nuevas formas de organización, partiendo de categorías diferentes, priorizando como valor la vida digna tanto de trabajadores como de los usuaries.

María Morillo miembro de la asociación Confluir tomó la palabra para recordarnos, desde la potencia de la voz de usuaries y familiares, la importancia de que toda construcción en el campo de la implementación de la Ley 26657 debe contar con la participación directa de los mismos y que son sus cuerpos y sus voces los que pueden dar más clara muestra de las marcas de los modos asilares, de encierro, de tortura, de sobre-medicación, de violencias en todas sus formas que niegan la condición de lo humano y de una vida digna. Si bien su exposición describe la realidad de su provincia, Córdoba, aclara es transversal a todas las formas manicomiales que determinan peligrosidad y estigma, realizando un claro pedido de ser incluidos, humanizados, escuchados y profundizar la capacitación sobre la Ley 26657 en todos los niveles, especialmente en las Fuerzas de Seguridad. Es iniciativa de usuaries del CCH construir una trama federal de usuaries y familiares que les permita ampliar sus organizaciones y ejercicio pleno de derechos, en función de esto todos acompañamos.

Iris Valles como Vice Pta. del CCH retoma la necesidad de ampliar la federalización del proceso de implementación de la Ley reconociendo graves inequidades territoriales para lo cual la función de Rectoría de la Dirección Nacional de Salud Mental será imprescindible, impulsando las Políticas Públicas a tal fin junto a una CONISMA a pleno.

La Presidenta Marcela Botinelli procede al cierre sin dejar de mencionar el arduo proceso de seguimiento y participación que se está realizando respecto a las condiciones de ejercicios de derechos en plena Pandemia, conscientes de la tragedia y de las adecuaciones necesarias, pero firmes en la consideración de que la plena Implementación de la Ley 26657 sigue vigente y es nuestro compromiso defenderla, por la dignidad de todos y la salud de usuaries y trabajadores.

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