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La Federación Bioquímica alcanzó acuerdos con prepagas y obras sociales

/Difusión Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires/ FABA Informa/


La Federación Bioquímica acordó satisfactoriamente con la gran mayoría de las empresas de medicina prepaga el traslado a nuestros aranceles de la mejora del 3,5% que a partir del primero de marzo éstas cobran a sus afiliados.

Como la resolución del Ministerio de Salud de la Nación que autorizó el aumento se conoció el 30 de enero, ya a partir de febrero la Federación Bioquímica había iniciado las correspondientes tratativas con las empresas del sector.

Es de destacar la muy buena gestión realizada por los laboratorios de análisis clínicos de la provincia de Buenos Aires para los hisopados diagnósticos de Covid 19 y las otras determinaciones de seguimiento de la enfermedad, en muchos casos brindados a afiliados de prepagas médicas.

No obstante, desde la Federación Bioquímica seguimos con suma atención las gestiones que, con fuerte insistencia, las prepagas vienen realizando ante el gobierno para lograr mayores aumentos al autorizado a cobrar desde marzo, de modo de que, de producirse alguna novedad en ese sentido, podamos iniciar las gestiones correspondientes ante las empresas del sector para lograr el traslado a los aranceles de hipotéticos nuevos incrementos.

En ese marco, desde las prepagas han insistido en declaraciones periodísticas formuladas en varias ocasiones durante marzo para que se les autorice oficialmente a aplicar nuevos aumentos en las cuotas.

En ese sentido se dijo, por ejemplo, que “la falta de actualizaciones de los ingresos y la carencia de controles oficiales sobre los costos que afectan al sistema, entre ellos los medicamentos y los insumos, constituyen una clara y arriesgada discriminación frente a otros sectores de la economía a los que se les han autorizado aumentos de forma frecuente y significativa”.

Activas negociaciones con las obras sociales

La Federación Bioquímica está redoblando esfuerzos gremiales al mantener distintas tratativas con las obras sociales sindicales a los efectos de obtener postergadas actualizaciones arancelarias y, además, definir la pauta correspondiente al corriente año.

Se debe aclarar que, con varias de esas obras sociales, que fundamentalmente mantienen un retraso arancelario, se está negociando completar con nuevos aumentos la pauta arancelaria bioquímica correspondiente al año pasado, apuntando a que los guarismos finales se acerquen lo más posible al porcentaje de aumentos salariales que cada uno de los respectivos gremios logró para 2020; o en su defecto, al valor de la paritaria del gremio de la Sanidad, que corresponde a los trabajadores de nuestros laboratorios.

Esta postura asumida por la Federación Bioquímica apunta a formar una base lo más sólida posible en cada caso, sobre la cual recién comenzar a discutir la pauta arancelaria para el año en curso.

Hasta el momento se han logrado resultados con algunas obras sociales mientras que con otras se prosiguen las tratativas.

Por su parte, las obras sociales sindicales han iniciado a fines de marzo una ofensiva para lograr una mayor apoyatura económica por parte del gobierno nacional, sin soslayar que en el mes que pasó recibieron una suma global de mil millones de pesos.

Los dirigentes sindicales de esas obras sociales aducen que sus respectivas mutuales se encuentran en una situación “crítica, con gastos en alza, un déficit mensual que crece y problemas de financiamiento que no se solucionan”.

Mientras tanto, desde el gobierno se sigue con atención la situación de unas 35 obras sociales que se encontrarían en quiebra o al borde del quebranto, estudiando incluso la posibilidad de disponer que se fusionen con otras entidades de su tipo con mejores finanzas en virtud del alto número de afiliados de algunas de ellas.

Para complicar la situación, hasta el cierre de la presente edición de FABAInforma, la conducción de la Confederación General del Trabajo no había logrado mantener una entrevista con la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, para analizar lo que los dirigentes sindicales entienden como una “necesidad de llevar alivio” a las obras sociales.

Según un artículo periodístico de fines de marzo “los números que se manejan en la central obrera, y que circulan entre los principales dirigentes, son altamente preocupantes: el Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema, que se nutre del aporte mensual de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos, recaudó en 2020 unos $64.000 millones, pero, en el mismo período, gastó $79.000 millones para pagar subsidios y reintegros”.

“El déficit del FSD ascendió a más de $15.000 millones en 2020, con egresos que superan a los ingresos en un 20% (una situación que se repite desde 2017), y para este año se estima que será de $20.000 millones, e incluso podría ser finalmente de $31.000 millones si el Gobierno concreta un aumento del 30% para las prestaciones por discapacidad, que tienen una alta incidencia en el gasto total (y elevaría el déficit mensual de $1.500 millones a $2.600 millones)”, se agregó.

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