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La Federación Bioquímica bonaerense acelera las tratativas con las obras sociales

/Difusión Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires/ FABA Informa/


Se aceleran tratativas con las obras sociales

Intimaciones de la Federación Bioquímica a actualizar pautas arancelarias y discutir próximamente valores para este año

El retraso arancelario que algunas obras sociales vienen manteniendo desde el año pasado es motivo de constantes negociaciones impulsadas por FABA, como así también los reclamos por la cancelación de distintas deudas pendientes, mientras se ha dado aviso a todas las mutuales de que desde mitad de año se deberá comenzar a discutir, para definir prontamente, la pauta 2021 de porcentajes para incrementos de las cápitas y los valores de las prestaciones, según sean los casos.

En los últimos meses se ha venido informando sobre las activas negociaciones que la Federación Bioquímica realiza, casi en forma constante, con distintas obras sociales de carácter sindical por la pauta arancelaria 2020, habiendo tenido éxito con la mayoría, aunque quedan algunas con las que todavía no se ha arribado a acuerdos satisfactorios y, en ciertos casos, con respuestas que ni siquiera se consideran por exiguas.

También se intima a la cancelación de deudas de algunas obras sociales, pero en líneas generales se tiende a que las mutuales reconozcan un incremento para la totalidad de la pauta 2020 que oscile entre el 30 y el 35%.

Pero al mismo tiempo, como se dijo, ya se está avisando a todas las obras sociales que a partir de julio habrá que sentarse a discutir la actualización arancelaria para la pauta de este año, pero se cara a arribar a acuerdos rápidos, que contemplen recomposiciones y que sean de rápida aplicación concreta.

La falta de fondos por caída de la actividad debido a la pandemia ha dejado de ser un motivo que las obras sociales puedan esgrimir a la hora de la negociación arancelaria, porque el gobierno nacional les ha venido destinando subsidios y otros pagos millonarios por diversos conceptos, pero además se anuncia que se encuentra a la firma del Presidente de la Nación, una suerte de salvataje financiero que les reportará a las mutuales un nuevo ingreso total del orden de los 11.400 millones de pesos.

A fines de mayo, coincidentes versiones periodísticas han señalado reiteradamente que “el Gobierno soldará su alianza con la CGT con la ejecución de un salvataje financiero a las obras sociales sindicales. El plan incluirá un decreto que limitará los traspasos entre prestadoras, un factor histórico de deterioro de las cuentas del rubro, y un aporte extraordinario de 11.400 millones de pesos para sanear el déficit generado por la pandemia”.

Esas medidas habrían sido comprometidas por Alberto Fernández en el almuerzo que compartió el 6 de mayo con la cúpula cegetista y ratificadas unos días después por el nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Daniel López.

Una de las más firmes versiones periodísticas circulantes dio cuenta de que quedó definido durante el encuentro que a mediados de mayo mantuvo Daniel López con José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y principal responsable de la CGT en las gestiones para sus prestadoras de salud.

En la reunión, según las mismas versiones nunca desmentidas por dirigentes sindicales ni por funcionarios oficiales, López adelantó que “ambas medidas ya fueron redactadas y que se encuentran en proceso de revisión antes de ser publicadas en el Boletín Oficial. Según los cálculos de los gremialistas, esas decisiones saldarán el quebranto que registró como consecuencia del coronavirus el sistema de seguridad social, el de mayor volumen en la Argentina con una cobertura de 15 millones de personas”.

También se mencionó que “el salvataje a las obras sociales se hará mediante un aporte extraordinario del Tesoro nacional y no con recursos propios de las prestadoras gremiales, como sucedió hasta ahora y desde que se declaró la pandemia”.

Otro pedido cegetista aceptado por el gobierno fue el de poner, a través de un inminente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un “cepo” a los traspasos entre obras sociales.

Esa medida “obligará a los trabajadores a permanecer un año en su obra social de origen al iniciar un contrato laboral. Hasta ahora la libre opción entre prestadoras de salud rige desde el mismo comienzo del vínculo contractual mediante un trámite sencillo ante la SSS a través de la clave fiscal del empleado”.

Pero en este entramado de negociaciones entre la Confederación General del Trabajo y el gobierno nacional estuvo subyacente, en todo momento, la intención de los dirigentes sindicales de que fuera un hombre de sus filas, concretamente David Aucharán, quien quedara al mando de la Superintendencia de Servicios de Salud, tras el repentino fallecimiento de Eugenio Zanarini.

La designación en ese cargo de Daniel López, un hombre cercano a Alberto Fernández, fue aceptada a regañadientes por la dirigencia de la central obrera, quienes de todas maneras ponderaron que el nuevo funcionario no fuese alguien del riñón kirchnerista.

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