/Fuente: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires -FABA Informa /

Con todas las mutuales sindicales se cerró la pauta 2022 alcanzando la meta mínima del mismo porcentaje de la paritaria del gremio de Sanidad, pero en la mayoría de los casos, los acuerdos fueron por porcentajes aún mayores.

Luego de meses de largas tratativas con las obras sociales sindicales, que insumieron reiteradas reuniones y negociaciones, la Federación Bioquímica cerró con todas ellas la pauta arancelaria 2022, con, según los casos, un “escalón” final en los primeros meses de este año.

Hay que recordar que ya a fines del año pasado se había sellado un acuerdo importante con la obra social de los Petroleros (OSPE).

Como se ha indicado en reiteradas ocasiones desde estas mismas páginas, FABA se había puesto como meta alcanzar con las obras sociales sindicales una pauta arancelaria del 96%, que es el guarismo que, también en distintos tramos, debemos completar en el pago de los salarios de los empleados de nuestros laboratorios, de acuerdo a lo pactado en la negociación paritaria con el gremio de Sanidad.

En el caso de aquellas obras sociales cuya paritaria fuese inferior a la de Sanidad, en un primer momento, la Federación Bioquímica reclamaba que el guarismo arancelario final fuera, al menos, del mismo tenor que el de los incrementos salariales de cada gremio.

Pero finalmente, y tras un duro batallar, se logró que en la totalidad de los casos se llegase a los mismos porcentajes que debemos pagar a los empleados del laboratorio, pero además, la firme posición de FABA posibilitó que los acuerdos alcanzados con la mayoría de las obras sociales fuesen superiores al del 96%.

Pero otro dato de no menor importancia, es también el que indica que por primera vez en muchos años, no se registran deudas correspondientes a la pauta arancelaria anterior a la cerrada, en este caso, a la del año 2021.

Hasta ahora era habitual que en ciertos casos quedara una deuda remanente del periodo anterior por distintos factores planteados en el marco de cada uno de los convenios prestacionales acordados.

Lo que viene en 2023

Pero todos estos datos positivos suman fuerzas para proseguir el accionar gremial inquebrantable de la Federación Bioquímica que, de acuerdo a datos fehacientes y de público conocimiento, va a demandar seguramente un esfuerzo aún superior al desplegado en las tratativas de la pauta arancelaria 2022, y que guarda directa relación con el progresivo desfinanciamiento de las obras sociales, un tema preocupante del que FABA viene dando cuenta desde hace años y cada vez con mayor énfasis.

A mediados de febrero, los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo, luego de gestiones hechas ante la conducción del Ministerio de Economía, lograron que el gobierno nacional les girará 4.000 millones de pesos como parte de un desembolso comprometido para este año, sobre cuyo monto total existen valores disímiles tanto en la CGT como en el Poder Ejecutivo.

Sobre este tema se debe señalar que desde el gobierno nacional se indica que la suma total que se deberá abonar a las obras sociales sindicales por distintos conceptos a lo largo del año en curso es de 110 mil millones de pesos, mientras que los dirigentes cegetistas hablan de 184 mil millones de pesos.

La diferencia es muy amplia y se espera que el tema, junto a otras cuestiones, quede esclarecido y definido durante el encuentro que en marzo sostendrá el Ministro de Economía con la conducción de la central obrera.

Pero se debe aclarar que los gremialistas, al cierre de la presente edición de FABA Informa, reclamaban el pago inmediato de otros 6.000 millones de pesos en forma previa al encuentro con el titular del Palacio de Hacienda.

En ambos casos (el abonado en febrero y el reclamado ahora) se tratan de desembolsos del Tesoro no reintegrables comprometidos para este año por el gobierno nacional de acuerdo al Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso de la Nación.

Pero además, los dirigentes sindicales también le reclaman al gobierno una deuda no ejecutada del año pasado que, según afirman, asciende 16.000 millones de pesos. Demás está decir que la dirigencia gremial al poner sobre la mesa firmemente estos reclamos, “juega” con hipotéticos apoyos electorales en el marco político interno de la coalición gobernante.

Parte de los fondos que la CGT denuncia como no ejecutados en 2022, pertenecen a una suma de 11.400 millones de pesos que en octubre y durante una cena en la residencia presidencial de Olivos, Alberto Fernández les prometió como el primer aporte estatal directo de fortalecimiento a las obras sociales con fondos del Tesoro.

Hasta ese momento, las únicas sumas que el gremialismo discutía con cada gobierno eran las correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), constituido con parte de los aportes de las propias obras sociales al fisco y utilizado para el repago de tratamientos médicos y remedios de alto costo.

De esos 11.400 millones de pesos el gobierno sólo pagó algo más de 6.000 millones. También se debe sumar el hecho de que en forma previa y por el mismo concepto, desde la Casa Rosada se habían prometido a las mutuales sindicales para el último cuatrimestre de 2022, otros 24 mil millones de los cuales se efectivizaron 8.000.

En virtud de esta situación tan compleja, uno de los triunviros de la conducción de la CGT, Héctor Daer y José Luis Lingeri, el principal referente sindical en la problemática de las obras sociales, realizaron gestiones para lograr aportes del gobierno, por lo cual recibieron los 4.000 millones ya referidos, pero que pertenecen a los fondos de este año y no reducen la deuda de 2022 que la central obrera reclama.

Se debe señalar que en el Presupuesto 2023 el Gobierno incluyó en el capítulo referido a “Obligaciones del Tesoro”, dentro de la Jurisdicción 91, una partida por 148 mil millones de pesos “para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” y el pago de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”, pero en la CGT dicen que ese monto se amplió, “en el renglón 95” a 184 mil millones de pesos.

Coincidentes versiones periodísticas señalaron a fines de febrero que desde el Ministerio de Economía se ubicó en 110.000 millones de pesos el monto “puesto a resguardo para cubrir agujeros financieros provocados por los servicios de educación y transporte a los discapacitados, dos ítems que en los últimos años pasaron a consumir más de la mitad del FSR” de las obras sociales.